Violencia de género en la Argentina

Por Cindy Monzón

Periodista y editora de Inguz Blog

Inguz repasa la situación actual de las mujeres en la Argentina. Las legislaciones que se implementaron, cifras de femicidios y escenarios políticos.

En junio de 2015, cansadas de que nos maten, nos peguen, nos violen, nos quemen y de un sinfín de abusos más, las mujeres argentinas alzamos la voz y le exigimos al Estado la elaboración de políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

Con un ritmo vertiginoso y pocas veces visto, el reclamó se instaló en la sociedad y le pusimos el pie en la nuca a los sectores políticos para que dejen de mirar hacia otro lado. El Estado siempre es responsable y lo personal siempre político.

A medida que las mujeres fuimos desarmando conceptos y conductas machistas también fuimos educando a nuestros gobernantes. No les quedó otra que entender que la violencia no pertenece al ámbito privado y que el patriarcado se combate con educación y políticas públicas.

Pasaron sólo tres años del hito histórico pero Argentina, aunque cueste creerlo, se posicionó como un país vanguardista en materia de leyes inclusivas para la mujer. Les propongo un repaso de las más importantes.

  • Ley de paridad de género en las listas electorales: en las próximas elecciones de 2019 todas las listas electorales del país deberán estar compuestas por la misma cantidad de hombres y mujeres. Es decir, 50 y 50. Previa a su sanción, la ley sólo garantizaba la participación de las mujeres en un 33%. Deberán adherir todos los partidos políticos y están estipuladas diferentes sanciones para quienes incumplan con la nueva norma, incluyendo la impugnación de las listas.
  • Paridad de género en las empresas: el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso un proyecto de ley para garantizar el mismo sueldo para hombres y mujeres y la extensión de la licencia por paternidad para los hombres. Según las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Trabajo, las mujeres históricamente ganamos un 37% menos que los hombres por igual tarea. La ley regirá tanto para las empresas públicas como privadas. La reforma traerá, en algunos casos, grandes costos para las empresas que deberán decretar aumentos para lograr la igualdad salarial.
  • Aborto legal, seguro y gratuito: el proyecto logró media sanción en Diputados pero se cayó en la Cámara Alta. La sociedad sigue promoviendo su legalización activamente y se volverá a tratar el próximo año. Previamente, el proyecto perdió estado parlamentario seis veces. Es decir, nunca logró pasar el debate en Comisiones y quedaba encajonado hasta perder vigencia. Fue presentado por primera vez en 1937 y llegó al rencinto en 2018.
  • Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género: el Ministerio de Justicia de la Nación creó un novedoso programa que formará a abogadas y abogados de todo el país, de manera uniforme, para que defiendan a todas las víctimas de violencia. El Estado pagará sus honorarios y les dará capacitación constante.

El panorama es alentador aunque todavía queda todo por hacer. Muchos de los proyectos todavía están sujetos a la predisposición de nuestros legisladores y mientras se siguen demorando, las mujeres seguimos en una posición de desigualdad.

Según el último registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el 2017, 251 mujeres y trans murieron el año pasado a causa de la violencia machista. Según el relevamiento de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de Elena Highton de Nolasco, el 93% de los femicidas tenía vínculo o conocimiento previo con las mujeres asesinadas, en su mayoría eran parejas o ex parejas, y el 71% de los crímenes fueron en el domicilio de la víctima.

Por primera vez, la OVD incluyó en su informe a los femicidios vinculados y los vinculados por interposición en línea de fuego, por lo que el total de las víctimas muertas por violencia de género ascienden a 273.

Los femicidios vinculados son aquellos que se cometieron “contra una o varias personas para causarle sufrimiento a la mujer, mujer trans o travesti”, y los vinculados por interposición en línea de fuego hace referencia a personas asesinadas para tratar de evitar el femicidio.

Con relación a las causas judiciales, el 62% se encuentran en etapa de investigación. En un 5% de los casos se emitió sentencia, y un 18% están en etapa de juicio. El 15% restante corresponde a la extinción de la acción por suicidio u otro tipo de muerte del imputado. Se deben considerar estos porcentajes teniendo en cuenta que son causas iniciadas en 2017 y que en algunos casos llevan poco tiempo de iniciadas.

Durante el 2017 también se relevaron, por primera vez, las imputaciones que mostró que el 48%  de ellas contemplan la violencia de género como agravante y un 29% no contemplan los vínculos, ni la violencia de género a la hora de realizar imputaciones por las muertes violentas de mujeres y trans.

La OVD realiza este registro anual desde el año 2015 y se basan en las causas judiciales donde se evalúa de si la persona asesinada fue víctima de femicidio, independientemente de las imputaciones de cada caso.

El informe también arrojó que de los 259 imputados, el 68% se encuentra detenido en unidades carcelarias, y de éstos, el 26% está imputado, el 69% procesado y el 6% condenado; un 15% se suicidó.

Podemos decir con seguridad que todos los logros en materia legislativa es gracias a nosotras que salimos a las calles a reclamar las veces que sea necesario. Porque alzamos la voz por las que ya no están y porque tenemos la enorme responsabilidad de dejarle una sociedad más justa a las nuevas generaciones.

Porque, ya es un hecho, sólo las mujeres salvan a las mujeres.

 

 

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